Mediante la cual reitera la Corte Constitucional su posición en el sentido de que dada la imperiosa necesidad de materializar la especial protección constitucional de personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y procedente cuando se advierta una posible vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Se reitera el concepto de estabilidad laboral reforzada y se señala que éste conlleva una obligación de reubicación.

Mediante la cual la Corte Suprema de Justicia señala que objeción frente al origen de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o la aceptación de los mismos por parte de la ARP, no prueban la ausencia de responsabilidad del empleador en la ocurrencia del evento. Es el empleador y no la ARP el llamado a resarcir los daños causados al trabajador por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo. La ARP por su parte cubre los riesgos a su cargo con el reconocimiento de las prestaciones que se le imponen en las normas vigentes, propias de la Seguridad Social y del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Sala de Casación Laboral. Mp Gustavo José Gnecco Mendoza. Tema: Responsabilidad solidaria del contratante, dueños de obra, respecto a las obligaciones de sus contratistas.

Sala de Casación Laboral. Mp Eduardo López Villegas. Tema: Alcance del concepto de solidaridad del contratante por el incumplimiento de obligaciones prestacionales o indemnizatorias del contratista frente a sus trabajadores.

Sala de Casación Laboral. Mp Gustavo José Gnecco Mendoza. Tema: Elementos y circunstancias principales para la configuración de un accidente de trabajo.